La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso aseguró que el Ministerio Público tratará diferente a los imputados de la Operación Anti Pulpo que hablen, indicando que variará su petición de prisión preventiva a una domiciliaria.
En su intervención Reynoso afirmó que la razón detrás de esta declaración se debe a que Alexis Medina, quien es acusado de corrupción y desfalco al Estado, es quien debe ir a la cárcel.
«No vamos a pedir grilletes, porque los grilletes eran de Alexis Medina», expresó la representante del Ministerio Público.
Los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso encabezarán la barra de fiscales que representará al Ministerio Público, en el conocimiento de la medida de coerción del proceso por corrupción derivado de la Operación Anti Pulpo.
En su condición de directora general de Persecución del Ministerio Público, y de titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Reynoso y Camacho dirigen el proceso investigativo que aparentemente ha dado con un entramado de corrupción administrativa que permitió a exfuncionarios y proveedores estatales enriquecerse a base de sus vínculos con el poder político.
La audiencia para conocer la medida se desarrollará este domingo a las 10:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El abogado Cándido Simón, quien llegó esta tarde hasta el apartamento que se ubica en la torre Wind Towers Serralles, en la calle Fernando Escobar del exclusivo sector Serrallés del Distrito Nacional, propiedad del excónsul en la Habana, Cuba, Víctor Guillermo Librán Báez, explicó que el inmueble estaba cerrado y dentro no habían personas.
De acuerdo a las informaciones suministradas por el abogado, los agentes policiales y representantes del Ministerio Público procedieron a quitar el llavín existente y en su lugar colocaron otro.
Luego de su retirada, a eso de las 6:00 de la tarde de este jueves, agentes de la Unidad Antimotines de la Policía regresaron a la torre y dejaron dos efectivos armados custodiando la residencia.
El Ministerio Público iniciará este jueves por ante los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la presentación de 1,700 pruebas contra los seis imputados en el caso Odebrecht, iniciando el proceso en una nueva etapa.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), primero iniciarán con las pruebas testimoniales, principalmente con los testigos ofertados de nacionalidad brasileña, para lo cual el tribunal cuenta con un traductor judicial del idioma portugués al español, en caso de que sea necesario.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ocupó montos millonarios, armas de fuego y cajas de seguridad en el allanamiento realizado en la madrugada del pasado domingo a la propiedad de Julián Esteban Suriel Suazo.
Como parte de la “Operación Anti-pulpo” el Ministerio Público ocupó la suma de RD$8,525,500 millones, así como US$7,456 en el inmueble del acusado.
Cabe destacar que en el documento emitido por el Ministerio Público, aparece en letras la suma de “novecientos diecisiete mil seiscientos dólares americanos” que también le fueron ocupados a Suazo, no obstante, en cifras el monto se muestra en pesos dominicanos.
El Ministerio Público menciona en la solicitud de medida de coerción de la Operación Anti Pulpo al expelotero de Grandes Ligas Sammy Sosa y a un hermano de este, con vínculos a una de las empresas relacionadas a Alexis Medina, uno de los 10 apresados y quien figura como conector de presuntos actos de corrupción con varias entidades del Estado en el gobierno de Danilo Medina.
Se trata de vínculos con la empresa General Suply Corporation, S.R.L.
Las fichas que mueve la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para estructurar el expediente de la investigación denominada “Operación Antipulpo” tienen marcas de la familia Sánchez Medina, incluida la del propio expresidente de la República Danilo Medina Sánchez.
En la instancia de solicitud de medida de coerción que presentó el Ministerio Público en contra de varios exfuncionarios y proveedores del Estado a los que acusa de corrupción, se advierte que, en Juan Alexis Medina Sánchez, uno de los imputados, probablemente no se detenga la cabeza de esa red.
Carmen Magalys Medina Sánchez manejó el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) como un “patrimonio personal” desde donde, supuestamente, desvió fondos por miles de millones de pesos para beneficio político y familiar, siendo su hermana Lucía Medina, una de las que recibió gran cantidad de esos fondos por medio de la Fundación de Mujeres para el desarrollo de San Juan de la Maguana (FEMUDESJU).
Las investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), establecen que en contubernio con Fernando de la Rosa (expresidente del FONPER), Magalys Medina Sánchez desviaba una asignación mensual de entre RD$500.000 y RD$750,000 para la FEMUDESJU. Fundación que desde el 2016 hasta el 2018 recibió más de RD$78 millones.
Representantes del Ministerio Público acudieron casi a la medianoche de este lunes ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y depositaron la documentación contra los exfuncionarios apresados en los que solicitan la imposición de medidas de coerción.
Alexis Medina era el “Pulpo” que tenía tentáculos en múltiples instituciones y que llevó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a realizar la operación la madrugada del domingo para apresar a personas que formaban parte del entramado del hermano del expresidente Danilo Medina.
De acuerdo con fuentes, esa fue la razón por la que denominó “operación Antipulpo” a la serie de allanamientos del pasado domingo en el que fueron apresadas al menos diez personas, entre ellas exfuncionarios y testaferros que supuestamente beneficiaron a Alexis Medina.
El Ministerio Público afirmó la noche de este domingo que pudo establecer que de los 10 exfuncionarios apresados durante el fin de semana, “varios de ellos estaban destruyendo y ocultando evidencias”.
Igualmente, “intimidando a testigos y haciendo movimientos financieros orientados a ocultar estados financieros injustificados.
El Ministerio Público acusa a los apresados de actos de corrupción que abarca ser testaferros para facilitar el enriquecimiento a costa del Estado, entre otros delitos.
El Partido de la Liberación Dominicana aseguró que a los exfuncionarios y proveedores del Estado que se encuentran presos se les irrespetó su dignidad humana.
El PLD, en rueda de prensa esta tarde en su casa nacional, le exigió a la administración del presidente Luis Abinader que todas las investigaciones se lleven a cabo cumpliendo el principio de legalidad y el debido proceso de la ley.
Siendo presidente electo, a principios de agosto, Luis Abinader anunció la eliminación del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), cuyo director Fernando Rosa fue detenido esta madrugada, por supuestos casos de corrupción que habrían salpicado a esa instutución.
Abinader aseguró que estos actos dolosos se daban porque los recursos del Fonper eran usados a discreción de su Consejo y presidente, lo que encontró inmediata respuesta de su titular.
El imputado en los sobornos de Odebrecht Andrés Bautista García, declaró la tarde de este martes que está muy dolido “porque el expresidente Danilo Medina le robó” 44 días de su libertad, luego de que cayera preso en Najayo tras ser implicado en el caso de corrupción.