El Ministerio de Educación, a través de Dirección General de Gestión Humana, suspendió de sus funciones, por 30 días, con disfrute de sueldo, al profesor Felipe Castillo Arias, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Higüey.
Para la suspensión, se basó en lo establecido en la Ley 41-08 de Función Pública, en su artículo 88: que expresa: «Cuando para realizar una investigación judicial o administrativa fuere conveniente, a los fines de la misma, suspenderá un servidor público, la suspensión será con goce de sueldo y tendrá una duración hasta de sesenta días continuos, lapso que podrá ser prorrogado por una sola vez».
La notificación no establece el motivo de la suspensión.
Sin embargo, según el abogado José Manuel Severino, Felipe Castillo Arias, fue suspendido de sus funciones como docente por supuestamente «alterar su título universitario«.
«Solicitamos a la Universidad Central del Este (UCE), una certificación que expresa que en los archivos de esa universidad no tienen en sus registros un documento que certifique que el nombrado Felipe Castillo haya cursado la carrera de Educación en esa institución, por lo tanto, se trata de una alteración de documentos», expresó el abogado.
Indicó que no fue que confundieron los títulos, sino que él no ha ido a cursar la carrera en ese centro universitario, pues, el certificado que muestra, para tener un empleo desde el 2006, «se lo plagió a Mercedes Marilyn Acosta, quien depositó su curriculum en ese entonces».
Expuso que la certificación narra que la copia corresponde al grado de Educación mención Ciencias Físicas y Matemáticas a nombre de su representada, Mercedes Acosta, y que la misma también cita el número de matrícula, de registro y el folio y la fecha del 14 de julio del 2002 asignado al título de su defendida.
Reveló que el dirigente magisterial le ha causado un grave daño a la sociedad, en el sentido de que él ha firmado muchos documentos, como director de un centro educativo.
Apuntó que Castillo Arias no está facultado para ejercer la función de representar el gremio de la ADP, porque para ser profesor, tiene que venir con una certificación de una universidad que así lo acredite.
Sale a relucir información
Comentó que la información sale a relucir ahora porque hay cambio de autoridades.
«Tener a una persona que no es ni bachiller, también tenemos la investigación, para que se paseé ante la sociedad como un profesional, dirigiendo un centro educativo, pero más grave aún, dirigiendo a la clase profesoral del municipio, es una barbaridad», acotó el abogado.
Detalló que se dieron cuenta de la situación porque citaron a su clienta para hacerle algunas preguntas porque había un choque de informaciones, y se entendía que ella era la que había plagiado el título, por lo que, se dirigieron a la UCE para buscar una certificación, porque esta podía ser cancelada del Ministerio de Educación.
Dijo que se querellaron contra Felipe Castillo Arias por el daño que le ha causado a la propietaria del título y que este accionar le puede conllevar al imputado de tres a 10 años.
Persecución política
Castillo Arias dijo enterarse por los medios de la acusación y atribuye esas acciones a la oposición que han estado llevando a cabo, ya que el Comité Ejecutivo de la ADP desarrolla una agenda agresiva desde noviembre, en relación a los males que se presentan en esa filial.
Asegura que desde Educación, a través de un comunicado, le avisaron de la suspensión, pero no establecieron los detalles de dicha suspensión y que debieron comunicarle.
Explicó que lo malo es que él no ha sido notificado de ningún acto, de ninguna información antes, pero que está amparado en el estatuto docente y en la Ley 66-97 del Ministerio de Educación. Dijo que «siempre ha actuado con responsabilidad y dará respuesta a todo lo que se impute».
Acusó al director regional y al abogado Severino de establecer en su contra una «persecución política» y que espera que le entreguen el expediente para tomar acciones.
«Cómo es el que Ministerio que me notifica mediante una suspensión sin explicarme la razón, se da a entender que hay todo un plan orquestado; hay una persona detrás del proceso, es el director regional y nosotros tenemos información», dijo Castillo Arias.
El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, hizo mención del caso de Castillo Arias en un tuit que publicó este jueves en sus redes, en el que hace un llamado al ministro de Educación, Roberto Fulcar.
