El escándalo que terminó con la gestión de Berlinesa Franco en la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) inició a partir de la denuncia del empresario Pablo Cabrera, dueño de la empresa La Zeta, quien reveló que la entidad gubernamental había convocado a una licitación de urgencia para beneficiar a un proveedor en específico. El supuesto beneficiario del proceso había iniciado la distribución de los alimentos, previo a la adjudicación de la licitación, aseguró Cabrera, quien era uno de los 11 participantes de la licitación.

La denuncia iba dirigida al proceso INAIPI-MAE-PEUR-2020-002, que fue creado para la adquisición de 40 mil kits de alimentos para ser distribuidos a nivel nacional a 25 mil familias de los centros del Inaipi, durante el periodo de emergencia nacional por el Covid-19, adoptado mediante el decreto 134-20.