El escándalo que terminó con la gestión de Berlinesa Franco en la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) inició a partir de la denuncia del empresario Pablo Cabrera, dueño de la empresa La Zeta, quien reveló que la entidad gubernamental había convocado a una licitación de urgencia para beneficiar a un proveedor en específico. El supuesto beneficiario del proceso había iniciado la distribución de los alimentos, previo a la adjudicación de la licitación, aseguró Cabrera, quien era uno de los 11 participantes de la licitación.

La denuncia iba dirigida al proceso INAIPI-MAE-PEUR-2020-002, que fue creado para la adquisición de 40 mil kits de alimentos para ser distribuidos a nivel nacional a 25 mil familias de los centros del Inaipi, durante el periodo de emergencia nacional por el Covid-19, adoptado mediante el decreto 134-20.

Los kits iban a estar compuestos por sardinas y salchichas enlatadas, tablas de chocolate, habichuelas, jugos, compotas, cereales, harinas, galletas y leche en polvo. Cabrera señaló que el conjunto de tales productos en el mercado deberían tener un valor de alrededor de 600 pesos, pero el beneficiario de la licitación había fijado los costos en 2,500 pesos, monto que cuadruplicaba su propuesta.La investigación del Poder Ejecutivo y la cancelación

La noche del 8 de abril de 2020 el entonces consultor jurídico de la Presidencia, Flavio Darío Espinal, anunció la cancelación inmediata del proceso de Inaipi así como toda la plana mayor del comité de compras de esa institución y la supuesta renuncia de la directora Berlinesa Franco.

Espinal reveló que una comisión compuesta por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; la directora de Compras y Contrataciones, Yokasta Guzmán y el propio Espinal, como consultor jurídico, recomendaron al presidente Danilo Medina que tomara las medidas antes mencionadas. Espinal expuso que “tras una revisión y examen del proceso de compras se constató que se había emitido un precio fijo por encima de los precios del mercado”, y que “en el procedimiento antes referidos se cometieron violaciones flagrantes. Entre ellas, se permitió entrega de mercancía por parte de proveedores al margen de cualquier proceso de compra”.

Por las razones antes citadas se dio parte al Ministerio Público que comenzó una investigación a través de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Espinal señaló también que Berlinesa Franco alegadamente “reconoció que por la prisa del estado de emergencia del país, fueron omitidos procedimientos mandatarios de nuestra legislación”.Un “proceso desierto”, suspendido y cancelado

A pesar de que el 8 de marzo el Poder Ejecutivo anunció la cancelación del proceso, en la página transaccional de la Dirección de Compras y Contrataciones el proceso está calificado como “desierto”, lo que es lo mismo que no se adjudicó a ningún oferente.

En tanto que en los documentos del Inaipi existe una circular del día 6 de abril de 2020, firmada por los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, que anunciaban “que la adjudicación de los 40 mil kits de alimentos para ser distribuidos a nivel nacional a 25 mil familias de los centros de atención integral del Inaipi ya no será el día miércoles 8 de abril, más adelante estaremos informándoles la nueva fecha”.

La única documentación que forma parte del proceso de licitación, tanto en el Inaipi como en la Dirección de Compras y Contrataciones, que cancela el proceso, es la resolución 004-2020 emitida el 15 de abril de 2020 por la directora ejecutiva del Inaipi que sustituyó a Berlinesa, Kenia Lora, en la que declaraba el proceso cancelado.La respuesta de Berlinesa Franco

A pesar de que el consultor jurídico de la Presidencia dijo que Berlinesa Franco renunció al Inaipi, la exdirectora ejecutiva ha rechazado tal aseveración.

En un comunicado de prensa enviado por Emery Rodríguez, abogada de Franco, se expresa que ese proceso de licitación tuvo el acompañamiento técnico de la Dirección General de Compras y Contrataciones desde el inicio hasta la suspensión en fecha 6 de abril del 2020.

Esta aseveración, que evidentemente fue presentada ante el Ministerio Público, ha recibido la respuesta de Yokasta Guzmán quien acusa a a Franco de mentir.

Sin embargo, Franco establece que en fecha 8 de abril del año 2020, el comité de compras y contrataciones del Inaipi iba a proceder a la cancelación del proceso de licitación acogiéndose al decreto 144-20, y por mandato de la comisión creada por el Poder Ejecutivo, de la cual Yokasta Guzmán formaba parte, la misma comisión no permitió que Inapi cancelara el proceso.

Berlinesa Franco, a través de su abogada, asegura que el proceso en cuestión nunca fue adjudicado a ningún oferente ni se realizó ningún pago.